El acoso laboral es una de las formas más graves de violencia en el entorno de trabajo y se presenta a través de actitudes como burlas, humillaciones, exclusión, sobrecarga de tareas, amenazas y agresiones directas. Estas conductas dañan la salud mental y el bienestar de las personas, generando estrés, ansiedad, insomnio y disminución del rendimiento, así como un deterioro del ambiente y la calidad del trabajo. Por eso, es fundamental conocer cómo funcionan los protocolos para denunciar acoso en el trabajo, qué protegen y por qué son una herramienta clave para construir espacios laborales más seguros basados en el bienestar de las personas trabajadoras.
Los protocolos de denuncia son procedimientos establecidos por las empresas o instituciones para que las personas puedan reportar situaciones de acoso de forma segura, confidencial y respetuosa, siendo su principal objetivo garantizar que las denuncias sean escuchadas, investigadas y resueltas sin poner en riesgo a quien denuncia. Estos protocolos están diseñados para proteger principalmente a las personas afectadas por la potencial situación de acoso, pero también a testigos o compañeros y compañeras que puedan verse involucrados o involucradas y necesiten un espacio seguro para expresarse.
Una de las características más importantes de estos protocolos es la confidencialidad. Esto significa que toda la información entregada, los detalles de la denuncia, los nombres de las personas involucradas y los testimonios recogidos durante la investigación deben mantenerse en estricta reserva. Solo las personas encargadas del proceso –como Recursos Humanos, la asesoría confidencial o el área designada– pueden acceder a esta información, y siempre con el compromiso de manejarla de forma ética y responsable, sin compartir con otras personas el contenido. Esto ayuda a proteger la identidad de la persona denunciante y a reducir el miedo a posibles represalias.
El funcionamiento de los protocolos suele seguir pasos claros: primero, se presenta la denuncia a través de los canales definidos como un correo electrónico, una línea directa o un formulario confidencial. Después, la empresa inicia una investigación interna, donde se recopilan testimonios a través de entrevistas individuales y confidenciales, se revisan documentos o mensajes si se considera oportuno, y se analiza la situación de forma imparcial. Durante este tiempo, la empresa tiene la obligación de ofrecer medidas de protección a la persona denunciante como por ejemplo cambios en el lugar de trabajo y/o horarios distintos, lo que se considerase correcto teniendo de base la situación de origen.
Una vez finalizada la investigación, se determina si existe la situación de acoso y qué medidas se deben tomar: desde sanciones disciplinarias a la persona agresora hasta recomendaciones de formación o acompañamiento psicológico para el equipo y/o la persona afectada. Además, es fundamental que la empresa mantenga el seguimiento posterior, para garantizar que la persona afectada pueda continuar su trabajo en un ambiente seguro y sin temor a nuevas agresiones.
En resumen, los protocolos para denunciar acoso laboral están diseñados para proteger la dignidad, la integridad y la salud mental de las personas en el trabajo y funcionan como una herramienta de apoyo que garantiza que las denuncias sean tratadas de forma seria, sin poner en riesgo a quien decide hablar. Son una pieza clave en la construcción de entornos laborales donde el respeto y la seguridad sean una prioridad para todas y todos.
